El Gobierno nacional implementó una inédita «cláusula anti-China» en los pliegos de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, con el objetivo explícito de bloquear la participación de empresas estatales del país asiático en la licitación. La medida busca resguardar el control de una de las redes logísticas más importantes del país y marca una fuerte definición geopolítica por parte de la actual administración.

La disposición establece que ninguna compañía con participación, directa o indirecta, del Estado chino podrá presentar ofertas para quedarse con la concesión o los activos de la línea ferroviaria. Para que las propuestas sean admitidas, los consorcios interesados deberán certificar de manera exhaustiva el origen de sus fondos, garantizando que el capital no provenga de entidades soberanas o fondos vinculados a Beijing.

El Belgrano Cargas es una arteria fundamental para la economía argentina, ya que conecta las principales provincias agrícolas y mineras del norte y centro del país con los puertos exportadores de la región de Rosario. Su traspaso al sector privado representa uno de los contratos de infraestructura más importantes del año, exigiendo inversiones multimillonarias para la modernización y el mantenimiento de miles de kilómetros de vías.

La inclusión de esta barrera legal responde a un alineamiento directo del Gobierno con los intereses de Estados Unidos, priorizando la seguridad nacional y buscando frenar el avance de China en sectores críticos como el transporte. De este modo, la licitación queda ahora perfilada para atraer exclusivamente a operadores de origen norteamericano, europeo o local que logren cumplir con los nuevos estándares de transparencia exigidos por el Estado.