El Gobierno nacional confirmó que no brindará asistencia financiera ni planes de salvataje para los deudores de créditos, al argumentar que una medida de este tipo implicaría utilizar los impuestos de todos los contribuyentes para rescatar a las entidades bancarias. La decisión marca una postura definitiva respecto a la intervención del Estado en los compromisos asumidos entre partes privadas.

La confirmación oficial surge como respuesta a los reclamos de miles de familias que, golpeadas por la alta inflación, enfrentan severas dificultades para afrontar las cuotas de sus préstamos, en particular los créditos hipotecarios atados a la fórmula UVA. Desde el Ejecutivo explicaron que hacerse cargo de esa diferencia representaría una transferencia injusta de recursos hacia el sistema financiero y reiteraron que los contratos fueron firmados de manera voluntaria, asumiendo los riesgos correspondientes.

Con esta decisión, la administración central ratificó su política de no intervención en el mercado y de protección del equilibrio fiscal. Las autoridades subrayaron que subsidiar a un grupo específico de deudores obligaría a destinar fondos públicos esenciales, lo que terminaría perjudicando al resto de la sociedad únicamente para garantizar la rentabilidad de los bancos.