El Gobierno nacional minimizó en las últimas horas la estrategia desplegada por la oposición en el Congreso de la Nación, donde distintos bloques intentan unificar fuerzas para acelerar el tratamiento de las nuevas leyes de discapacidad y morosidad. Desde la Casa Rosada le restaron peso a la iniciativa, considerándola una maniobra política que carece del sustento parlamentario necesario para prosperar y convertirse en ley.

La avanzada opositora en la Cámara de Diputados tiene como objetivo llevar ambos proyectos al recinto en el corto plazo. La primera iniciativa apunta a actualizar y blindar las prestaciones del sistema integral de cobertura por discapacidad. En paralelo, el segundo proyecto propone establecer un marco regulatorio de alivio para familias y pequeñas empresas fuertemente afectadas por la morosidad y el sobreendeudamiento. Los impulsores de la medida confían en reunir al arco opositor para presionar al Ejecutivo y marcarle la agenda legislativa.

Sin embargo, en los pasillos del oficialismo relativizan el impacto de la jugada y aseguran que la oposición aún está lejos de garantizar los 129 votos requeridos para conseguir el quórum y avanzar con la media sanción. Altos funcionarios del Ejecutivo sostienen que esta movida busca únicamente generar un desgaste en la gestión actual y ratificaron de manera tajante su postura económica: cualquier proyecto que implique un incremento del gasto público sin especificar su fuente de financiamiento será frenado para no comprometer la meta innegociable del equilibrio fiscal.