El Gobierno nacional profundizó el recorte en la obra pública como parte central de su estrategia para sostener el equilibrio fiscal. De acuerdo con los últimos registros oficiales, las transferencias de capital destinadas a proyectos de infraestructura sufrieron un desplome interanual superior al 80%, lo que paralizó la actividad en la mayor parte del país y consolidó al sector como uno de los más castigados por la reducción del gasto público.

En el marco de este fuerte ajuste, los escasos recursos que el Ministerio de Economía giró para este rubro se concentraron casi de manera exclusiva en cuatro provincias. Esta distribución fuertemente asimétrica dejó a la gran mayoría de las jurisdicciones sin financiamiento nacional, obligando a los gobernadores a suspender obras que ya estaban en ejecución o, en el mejor de los casos, a intentar sostenerlas únicamente con fondos propios.

La decisión del Ejecutivo refleja una política de austeridad estricta sobre el gasto de capital, que impacta de lleno en el nivel de empleo de la construcción. Mientras las provincias relegadas exigen abrir canales de diálogo para reactivar proyectos estratégicos, el Gobierno mantiene firme su postura de no habilitar partidas que pongan en riesgo la meta innegociable del déficit cero.