La Justicia federal dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de la dirigente sindical que compró el departamento ubicado un piso por debajo de la residencia de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta. La medida tiene como objetivo central rastrear el origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria y determinar si la compradora cuenta con el respaldo patrimonial para justificarla.

Para avanzar con la investigación, los tribunales solicitaron informes exhaustivos al Banco Central y a los distintos organismos de control. La intención es reconstruir el perfil económico de la gremialista a través del análisis de sus cuentas, transferencias recientes y declaraciones juradas, buscando confirmar si poseía la capacidad financiera genuina para adquirir una propiedad de alto valor en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

El inmueble en cuestión se encuentra en el emblemático edificio de la esquina de Juncal y Uruguay, donde reside históricamente la expresidenta. La compra del departamento encendió las alertas judiciales casi de inmediato, derivando en un expediente que busca descartar la comisión de delitos financieros complejos, como el presunto enriquecimiento ilícito o el lavado de activos.

Con la desclasificación de la información patrimonial ya en marcha, el equipo de peritos contables de la Justicia comenzará a auditar detalladamente los números de la sindicalista. Los resultados que arroje este peritaje serán clave durante las próximas semanas para definir el rumbo de la causa y establecer los futuros pasos procesales de la investigación.