Una jueza de la provincia de Buenos Aires fue denunciada formalmente tras emitir una resolución que suspende la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad en el territorio bonaerense. La decisión de la magistrada generó un inmediato rechazo en diversos sectores políticos y sociales, quienes impulsaron la acusación judicial argumentando un presunto mal desempeño de sus funciones y abuso de autoridad al frenar la medida.

El conflicto legal se desató luego de que el juzgado hiciera lugar a un recurso para detener el avance de la normativa, fundamentando la suspensión en la supuesta vulneración de tratados internacionales y derechos constitucionales que protegen a la minoridad. Frente a esta postura, los denunciantes sostienen que la jueza se excedió en sus competencias jurisdiccionales e ideológicas, bloqueando una herramienta clave que buscaba hacer frente al aumento de los delitos graves cometidos por jóvenes en la provincia.

La presentación judicial tiene como objetivo que se inicie una investigación exhaustiva sobre el accionar de la magistrada, un proceso que eventualmente podría derivar en un jury de enjuiciamiento para evaluar su destitución. Mientras el trámite avanza en los tribunales, la modificación de la responsabilidad penal juvenil permanece paralizada en Buenos Aires, a la espera de que instancias judiciales superiores intervengan para revocar o ratificar la polémica medida cautelar.