El gobierno de Javier Milei avanza con su intención de aplicar una profunda reforma electoral en la Argentina, cuyo eje central es la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, que busca cambiar las reglas de juego de cara a los próximos comicios, ya forma parte de la agenda del Congreso de la Nación, aunque el oficialismo se enfrenta a un obstáculo clave: no cuenta con los números necesarios para su aprobación.

Para que el proyecto prospere y se convierta en ley, La Libertad Avanza necesita alcanzar una mayoría absoluta, lo que requiere un mínimo de 129 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. Dada su representación minoritaria en el parlamento, el Gobierno está obligado a diseñar una estrategia de consenso a contrarreloj si pretende sancionar la iniciativa antes de que inicie el próximo calendario electoral.

Ante este escenario parlamentario, el Ejecutivo deberá encarar intensas negociaciones tanto con sus socios políticos directos como con los bloques de la oposición dialoguista. Las conversaciones de la Casa Rosada apuntan principalmente a los legisladores del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas provinciales, quienes tienen la llave para habilitar o frenar la reforma. No obstante, dentro de estos espacios aliados aún persisten divisiones y no hay una postura unificada sobre la conveniencia de suprimir las primarias.

El argumento central del oficialismo para impulsar esta medida radica en la necesidad de recortar el millonario gasto público que demanda la organización logística de los comicios. Además, sostienen que las PASO han perdido su propósito ordenador original, funcionando en la práctica como una gran y costosa encuesta nacional. Mientras el debate comienza a tomar forma, el equipo de Milei acelera los contactos legislativos para intentar blindar un acuerdo que le permita reconfigurar el sistema electoral del país.