La inminente privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) desató una feroz pulseada entre los principales grupos económicos del país y consorcios internacionales, quienes buscan quedarse con el control de la mayor distribuidora de agua de la Argentina. En el marco del plan de concesiones y modernización del Estado impulsado por el Gobierno nacional, la licitación se perfila como uno de los negocios más atractivos y complejos del año para el sector privado.

Entre los protagonistas de la disputa destacan empresarios de peso del ámbito de la infraestructura y la energía a nivel local, quienes formaron alianzas estratégicas para fortalecer sus ofertas. A este interés nacional se suman gigantes multinacionales del rubro, que ven en la empresa una oportunidad clave para consolidar su presencia en América Latina. El botín en juego no es menor: AySA presta servicios de agua potable y cloacas a más de 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El traspaso al sector privado conlleva desafíos financieros y operativos de gran magnitud. Quien resulte ganador de la contienda no solo deberá equilibrar las cuentas de una compañía históricamente afectada por el déficit, sino que tendrá que comprometerse a un plan de inversiones estimado en más de 1.500 millones de dólares para los primeros años de gestión. Estos fondos son considerados indispensables para modernizar la red actual, reducir las pérdidas estructurales del sistema y ampliar la cobertura en las zonas más postergadas.

Con los pliegos ya en etapa de análisis, el Ejecutivo espera anunciar la precalificación de los oferentes en las próximas semanas, con el objetivo de concretar el cambio de manos antes de que finalice el año. Mientras tanto, los equipos técnicos y financieros de los empresarios en pugna trabajan contrarreloj para ajustar sus propuestas y demostrar la solvencia necesaria para administrar uno de los servicios públicos más críticos del país.