El Ministerio de Defensa dispuso la remoción inmediata de altos mandos de la Armada Argentina tras salir a la luz un grave escándalo de corrupción interna. La drástica medida disciplinaria se ejecutó en el marco de una investigación por el pago de sobresueldos ilegales, una maniobra fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos.

La irregularidad fue detectada a partir de una exhaustiva auditoría impulsada por la propia cartera nacional. Las pesquisas iniciales revelaron que los fondos públicos eran desviados de manera sistemática mediante la liquidación de suplementos salariales y compensaciones completamente injustificadas. Este esquema ilícito operó evadiendo los controles administrativos tradicionales, beneficiando de forma directa a un grupo específico de efectivos de la fuerza.

Frente a la magnitud del desfalco, las autoridades gubernamentales no solo avanzaron con las destituciones en la cadena de mando naval, sino que también ordenaron la rápida judicialización del expediente. Toda la documentación probatoria recabada ya fue puesta a disposición de la Justicia para que se investiguen a fondo las responsabilidades penales de los implicados, con el objetivo de esclarecer la ruta de los fondos y sancionar el manejo irregular de los recursos dentro de las Fuerzas Armadas.