Patricia Bullrich se pronunció públicamente sobre las recientes modificaciones implementadas en torno a la normativa de discapacidad y reconoció la urgencia de dar marcha atrás con algunos de los puntos más polémicos. «Tenemos que corregir eso», admitió, marcando una postura autocrítica frente al impacto directo que los cambios generaron en los beneficiarios y en el sistema de prestaciones.

Las declaraciones surgen en medio de la creciente controversia y los reclamos impulsados por familiares, prestadores y organizaciones del sector, quienes advirtieron sobre la vulneración de derechos adquiridos. Frente a este escenario, Bullrich señaló que, si bien el objetivo de fondo de la gestión es auditar el sistema para erradicar irregularidades y optimizar los recursos del Estado, la aplicación de la nueva medida arrojó consecuencias negativas que deben ser subsanadas de inmediato para no perjudicar a quienes verdaderamente dependen de la asistencia.

Aunque la funcionaria no precisó los plazos ni detalló el mecanismo legal que se utilizará para revertir la situación, su intervención anticipa una inminente revisión técnica dentro del Gabinete. La prioridad actual apunta a equilibrar el ordenamiento de las cuentas públicas con la garantía de la cobertura integral, buscando una salida rápida que logre desactivar el malestar social y llevar tranquilidad a las miles de familias afectadas por la normativa.