El Congreso Nacional aprobó este jueves la ley denominada «Inocencia Fiscal II», una nueva iniciativa impulsada por el Gobierno argentino con el objetivo de reingresar al sistema financiero formal las divisas no declaradas que los ahorristas mantienen fuera del circuito bancario. La medida busca inyectar liquidez en la economía local mediante una serie de beneficios impositivos y reglas específicas para quienes decidan regularizar su capital.

La normativa se estructura en cinco claves fundamentales. En primer lugar, establece una franquicia libre de penalidades para los pequeños y medianos ahorristas: quienes exterioricen montos inferiores a los 100.000 dólares no deberán pagar ninguna alícuota ni multa, siempre y cuando mantengan el dinero dentro del sistema financiero local por un plazo determinado.

En segundo lugar, para los capitales que superen ese tope, se implementará un esquema de recargos progresivos. Quienes ingresen al régimen durante los primeros 90 días abonarán una tasa preferencial del 5%, cifra que irá ascendiendo al 10% y finalmente al 15% a medida que se acerque la fecha de cierre definitivo del programa, pautada para el próximo año.

Como tercer punto, la ley exige que los fondos regularizados sean depositados exclusivamente en cuentas bancarias especiales diseñadas por el Banco Central, garantizando de esta manera la trazabilidad del dinero y su integración formal al mercado.

En cuarto lugar, el Gobierno delineó fuertes incentivos orientados a la economía real. Aquellos contribuyentes que decidan destinar sus dólares blanqueados a proyectos de construcción, desarrollos inmobiliarios o a la compra de bonos del Estado quedarán completamente exentos del pago de penalidades, sin importar el monto total declarado.

Finalmente, la quinta clave radica en el blindaje jurídico. La ley garantiza que el organismo recaudador no iniciará investigaciones de oficio sobre el origen de los fondos ni cobrará impuestos omitidos de forma retroactiva sobre el patrimonio exteriorizado. Con este marco de seguridad fiscal, el oficialismo proyecta generar la confianza necesaria para captar un piso de 20.000 millones de dólares y fortalecer las reservas.