Un intendente kirchnerista encendió las alarmas del sector energético al implementar el polémico «impuesto al viento», una nueva carga tributaria dirigida exclusivamente a los parques eólicos instalados en su municipio. La medida, aprobada recientemente a través del Concejo Deliberante local, desató un rechazo inmediato por parte de las empresas generadoras de energías renovables, quienes advierten sobre el fuerte impacto negativo en la seguridad jurídica y previsibilidad del país.

La ordenanza establece el cobro de una tasa municipal, aplicada bajo el concepto de Inspección, Seguridad e Higiene, que grava de manera directa la capacidad de generación de cada aerogenerador. Según los cálculos de la industria, este tributo pretende captar un porcentaje de la facturación de los parques, afectando drásticamente la rentabilidad de proyectos que en su momento requirieron inversiones iniciales de cientos de millones de dólares. Los analistas del sector señalan que se trata de una doble imposición que asfixia a las compañías, las cuales ya tributan sus correspondientes cargas a nivel provincial y nacional.

Las principales entidades del sector, como la Cámara Eólica Argentina, emitieron duros pronunciamientos contra la iniciativa del jefe comunal. Argumentan que este tipo de decisiones arbitrarias altera las ecuaciones económicas de contratos firmados a largo plazo y paraliza el desarrollo de futuros proyectos. Además, destacan que penalizar económicamente la producción de energía limpia va a contramano de las leyes nacionales vigentes que buscan fomentar la transición energética, desalentando la llegada de nuevos capitales extranjeros.

El conflicto ya trascendió el ámbito político local y se encamina rápidamente hacia los tribunales. Las compañías afectadas anticiparon que recurrirán a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad del gravamen, respaldándose en que los municipios carecen de jurisdicción legal para aplicar impuestos sobre el aprovechamiento del viento, un recurso amparado por normativas federales. Mientras tanto, la tensión se mantiene alta entre el Ejecutivo municipal, que defiende la medida con fines estrictamente recaudatorios, y un sector privado que amenaza con frenar cualquier nueva inversión en la región.