Una jueza dictó un fallo en el que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad, resolución que le permitió ordenar el sobreseimiento definitivo de un menor de edad que se encontraba acusado por el delito de robo. La medida generó un fuerte impacto en los tribunales y reavivó el debate en torno a los límites del sistema penal juvenil.

En los fundamentos de la resolución, la magistrada argumentó que someter a un adolescente a un proceso penal bajo un régimen de imputabilidad reducida vulnera de manera directa las garantías consagradas en la Constitución Nacional. Asimismo, advirtió que la medida entra en conflicto con los tratados internacionales de derechos humanos, normativas superiores que exigen un enfoque de protección integral y resocialización en lugar de un endurecimiento punitivo.

El expediente se había originado a partir de un hecho de robo por el cual el joven fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Tras analizar las circunstancias del caso y la edad del acusado al momento del delito, la jueza concluyó que avanzar con el enjuiciamiento representaba una violación a sus derechos fundamentales, por lo que dispuso su inmediata desvinculación de la causa penal.

Esta decisión judicial sienta un precedente de gran relevancia en el marco de las discusiones políticas y legislativas actuales sobre las reformas de seguridad y el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal. Al clausurar el proceso contra el adolescente, el fallo establece un límite en la Justicia frente a las iniciativas que buscan juzgar a jóvenes por debajo de la barrera etaria vigente, quedando ahora sujeto a posibles apelaciones en instancias superiores.