El Gobierno nacional expresó fuertes objeciones al dictamen de la nueva Ley de Discapacidad que avanza en el Congreso y ya despliega una intensa presión sobre los bloques legislativos para introducir modificaciones sustanciales antes de su tratamiento en el recinto. La Casa Rosada busca frenar la iniciativa tal como está redactada, argumentando que su aprobación tendría un impacto fiscal directo que compromete las metas económicas de la actual gestión.

El foco de conflicto radica en la ampliación de beneficios y coberturas que establece el texto aprobado en comisiones. Según advierten fuentes oficiales, las estimaciones del Ministerio de Economía indican que la medida demandaría un incremento presupuestario millonario que no se encuentra contemplado en las proyecciones financieras para el próximo año. Ante este escenario, funcionarios del Ejecutivo y enlaces parlamentarios del oficialismo aceleraron las negociaciones en la Cámara de Diputados.

La estrategia gubernamental apunta a reformular al menos tres artículos clave del dictamen antes de la votación. Las modificaciones exigidas se centran en endurecer los criterios para el otorgamiento de pensiones no contributivas y en revisar los porcentajes del cupo laboral obligatorio, buscando atenuar el impacto tanto en las arcas del Estado como en las exigencias al sector privado.

El futuro de la normativa se definirá en los próximos días, cuando la iniciativa desembarque finalmente en la sesión de la Cámara Baja. Mientras los sectores impulsores del proyecto exigen su aprobación sin alteraciones, desde Balcarce 50 dejaron trascender que, de no lograr un acuerdo para modificar el texto, no se descarta la posibilidad de un veto presidencial para blindar el equilibrio fiscal.