Un nuevo frente de conflicto institucional sacude a las Fuerzas Armadas argentinas tras salir a la luz un presunto esquema de corrupción dentro del Ejército. Este hecho se da a conocer poco tiempo después de que estallaran las denuncias por el pago de sobresueldos irregulares en la Armada, evidenciando una trama de desvío de fondos públicos que parece replicarse en distintas áreas del ámbito castrense y que ya encendió las alarmas en el Ministerio de Defensa.

Las investigaciones preliminares señalan que la modalidad delictiva sería prácticamente idéntica a la detectada en la fuerza naval, donde se comprobó que decenas de altos oficiales cobraban suplementos injustificados que representaron pérdidas por sumas millonarias para las arcas del Estado. En el caso del Ejército, las maniobras implicarían la adulteración de liquidaciones salariales y el uso de partidas presupuestarias, teóricamente destinadas a gastos operativos, para beneficiar económicamente a un grupo selecto de uniformados a través de recibos paralelos.

Ante la magnitud de las irregularidades, la Justicia y los organismos de control interno han acelerado las auditorías para identificar a los responsables de autorizar estos pagos durante los últimos meses. Mientras se aguardan los resultados del entrecruzamiento de datos contables y bancarios, la presión recae directamente sobre la cúpula militar para transparentar el manejo de los recursos, en medio de un clima de fuerte tensión interna y la inminente posibilidad de sanciones penales y destituciones.