El juez federal Ariel Lijo dispuso ampliar la investigación sobre el patrimonio del vocero presidencial, Manuel Adorni, con el objetivo de esclarecer presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas. La nueva medida judicial pone el foco principal en la tenencia de criptomonedas del funcionario, específicamente en sus fondos invertidos en Bitcoin.

La decisión se enmarca en una causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py, impulsada para analizar la evolución económica del portavoz del Gobierno y el origen de sus fondos desde que asumió su cargo. La pesquisa busca determinar si existió una omisión maliciosa de datos en la documentación de bienes presentada oficialmente ante la Oficina Anticorrupción.

Para avanzar con la causa, el magistrado ordenó una serie de medidas de prueba que incluyen requerimientos de información a distintas entidades financieras y a plataformas de intercambio de criptomonedas. Estas solicitudes apuntan a rastrear la trazabilidad de las operaciones digitales de Adorni, cruzar sus datos fiscales y verificar si los montos declarados coinciden con su capacidad económica real.