El Gobierno nacional despliega una nueva estrategia legislativa en la Cámara de Diputados con el objetivo de blindar la derogación de la Ley de Tierras, una de las medidas clave incluidas en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La intención del oficialismo es frenar la embestida de la oposición y evitar que logren reunir las voluntades necesarias para rechazar la medida en el recinto.

La normativa original, sancionada bajo el número 26.737, establecía un límite estricto del 15% para la compra y titularidad de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que la eliminación de este tope es una pieza fundamental para atraer inversiones internacionales y dinamizar el mercado inmobiliario rural, mientras que los sectores opositores advierten sobre la vulneración de la soberanía nacional.

Para sostener la vigencia de la derogación, La Libertad Avanza intensifica las negociaciones en los pasillos del Congreso con los bloques dialoguistas. La maniobra central del oficialismo consiste en consolidar el respaldo del PRO, de un sector mayoritario de la Unión Cívica Radical (UCR) y de los legisladores que integran Hacemos Coalición Federal. La meta es bloquear el quórum ante cualquier pedido de sesión especial impulsado por Unión por la Patria o, en su defecto, desactivar los dictámenes de rechazo.

El escenario parlamentario exige un conteo fino, ya que el tablero de la Cámara Baja obliga al oficialismo a garantizar una base sólida cercana a los 129 diputados para neutralizar cualquier revés político. Mientras la tensión legislativa aumenta, la Casa Rosada busca proteger a toda costa esta desregulación, consciente de que una derrota en este punto podría sentar un precedente peligroso para el resto del articulado del decreto y su programa económico.