El Gobierno nacional mantiene un fuerte optimismo respecto al futuro del DNU 70/2023, la medida de desregulación económica fundacional de la gestión de Javier Milei. A pesar de la presión ejercida por distintos sectores de la oposición para tratar su anulación en la Cámara de Diputados, en la Casa Rosada confían en que sus adversarios políticos no lograrán reunir los apoyos necesarios para concretar la derogación definitiva.

Para que el megadecreto pierda vigencia, la normativa legal exige el rechazo explícito de ambas cámaras del Congreso. Dado que el Senado ya votó en contra de la iniciativa, la definición final quedó enteramente en manos de la Cámara Baja. Sin embargo, los cálculos preliminares del oficialismo indican que el bloque de Unión por la Patria, incluso sumando a otras bancadas disidentes, no alcanzaría las 129 voluntades requeridas para habilitar el quórum y avanzar con el rechazo.

La estrategia de La Libertad Avanza se centra en aprovechar la fragmentación opositora y afianzar los acuerdos legislativos con sus aliados directos, principalmente el PRO y los sectores dialoguistas de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal. Estas negociaciones son llevadas adelante de manera constante por los principales operadores políticos del Ejecutivo para evitar sorpresas en el recinto.

Este blindaje parlamentario resulta de vital importancia para la administración libertaria. Mientras la Cámara de Diputados no se pronuncie formalmente en contra y evite su tratamiento en el recinto, las reformas dictadas por el presidente Milei mantienen su plena vigencia legal, permitiendo que el Gobierno continúe implementando su plan económico sin mayores trabas institucionales.