El impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como un factor determinante en el esquema económico del Gobierno. La implementación de este programa, diseñado para atraer capitales mediante proyectos superiores a los 200 millones de dólares, implica una renuncia tributaria significativa para el Estado nacional, lo que ya motivó un planteo formal ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las negociaciones vigentes.

Frente al organismo multilateral, el equipo económico argumenta que los fondos que se dejan de recaudar en concepto de exenciones impositivas, cambiarias y aduaneras no deben comprometer la evaluación de las metas de superávit primario. El reclamo central del oficialismo radica en que este costo fiscal a corto plazo es una herramienta indispensable para destrabar el ingreso de divisas y garantizar el crecimiento estructural a través de las exportaciones.

A nivel territorial, la aplicación del régimen dibuja un mapa de beneficiarios muy claro, focalizado en las jurisdicciones con recursos estratégicos. Salta, Catamarca y San Juan se posicionan como las grandes receptoras de capitales en el sector minero, impulsadas fundamentalmente por megaproyectos de litio y cobre. En paralelo, la región patagónica capitaliza el esquema con Neuquén y Río Negro a la cabeza, gracias a las inversiones destinadas a multiplicar la infraestructura y la capacidad productiva de Vaca Muerta.

La estrategia oficial busca sostener un delicado equilibrio macroeconómico. Mientras el Gobierno cede ingresos inmediatos para seducir a los inversores internacionales, la apuesta radica en que la rápida ejecución de estas obras en las provincias productivas logre compensar con creces el esfuerzo fiscal, generando los dólares y el empleo privado necesarios para consolidar la estabilización de la economía.