La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, tras declarar inconstitucional el decreto presidencial que intentaba frenar su ejecución. El fallo, emitido este martes, representa un revés significativo para el Poder Ejecutivo en el marco del tenso y prolongado conflicto presupuestario que mantiene con las casas de altos estudios.

En su resolución, el juzgado interviniente determinó que la medida impulsada por la Casa Rosada vulneraba la división de poderes, al pasar por alto las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación. Según el texto judicial, la suspensión de los fondos previstos por la normativa vigente excede las facultades del presidente y pone en riesgo directo el derecho constitucional a la educación.

A partir de esta decisión, el Estado queda obligado a desembolsar de forma urgente las partidas presupuestarias actualizadas para las universidades nacionales de todo el país. Estos recursos son reclamados desde hace meses por los rectores para garantizar el pago de los salarios de docentes y nodocentes, así como para cubrir los gastos operativos básicos y el mantenimiento de la infraestructura académica.

Mientras la comunidad universitaria y los distintos gremios del sector celebran el fallo como un triunfo clave para la defensa de la educación pública, fuentes oficiales adelantaron que el equipo legal del Gobierno apelará la medida en las próximas horas. De este modo, se espera que la disputa escale rápidamente hacia la Cámara de Apelaciones, sumando un nuevo capítulo a la tensión entre los tribunales y el Ejecutivo por el manejo de los recursos del Estado.