El Gobierno nacional criticó con dureza a los estudiantes que protagonizaron la toma de dependencias del área de Educación, en medio de la escalada de tensión por el conflicto universitario. Desde el oficialismo descalificaron la medida de fuerza, aseguraron que los manifestantes «viven en una fantasía revolucionaria» y consideraron que las protestas responden a intereses políticos partidarios más que a reclamos genuinos de la comunidad educativa.

La controversia se enmarca en la ola de ocupaciones que distintas agrupaciones estudiantiles llevan adelante en rechazo al reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Para las autoridades del Poder Ejecutivo, estas acciones representan prácticas de épocas pasadas, impulsadas por sectores que buscan generar un clima de inestabilidad y que operan de espaldas a la situación económica que atraviesa el país.

Actualmente, el conflicto mantiene con medidas de fuerza a decenas de facultades en distintos puntos del territorio nacional, donde confluyen estudiantes, docentes y no docentes que exigen una recomposición salarial y una mayor asignación de recursos. Pese a la presión y a la visibilidad de las tomas, la administración central se mantiene inflexible en su meta de equilibrio fiscal y advirtió que no cederá ante métodos de protesta que consideran extorsivos.

Lejos de un canal de diálogo que destrabe el conflicto, la disputa institucional y política promete extenderse. Mientras la Casa Rosada ratifica su decisión de avanzar con auditorías estrictas sobre las cuentas de las universidades públicas, los gremios y asambleas estudiantiles ya organizan nuevas movilizaciones y clases públicas para las próximas semanas.