En un movimiento estratégico para asegurar el respaldo legislativo, el Gobierno nacional decidió ceder ante los reclamos de sus aliados políticos y frenar las medidas que afectaban al área de discapacidad y a la administración de tierras estatales. Esta decisión busca evitar un quiebre con los sectores dialoguistas en el Congreso, cuyos votos son determinantes para aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con la reforma o eliminación de las elecciones PASO.

Las concesiones del Poder Ejecutivo surgieron tras las fuertes advertencias de gobernadores y legisladores de la oposición amigable, quienes rechazaban de plano los recortes en las prestaciones por discapacidad y la disposición de terrenos fiscales en sus provincias. Ante el riesgo de perder apoyo en un momento legislativo clave, la Casa Rosada optó por paralizar ambas iniciativas, descomprimiendo la tensión política y priorizando el consenso.

Con esta marcha atrás, el oficialismo apunta a despejar el camino parlamentario para el último tramo del año. La prioridad absoluta de la gestión es blindar el debate del Presupuesto, su principal herramienta económica, y garantizar los números necesarios en el recinto para modificar el esquema electoral antes de los próximos comicios. A través de esta tregua, el Gobierno espera consolidar un frente unido que asegure la viabilidad de sus proyectos más urgentes sin poner en riesgo la gobernabilidad.