En el marco de la investigación judicial conocida como la «Causa del Oro», se presentó un pedido formal para allanar la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida busca secuestrar documentación clave sobre el traslado de las reservas de oro del país hacia el exterior, una maniobra que generó una fuerte controversia política y judicial debido al estricto hermetismo oficial.
El eje central de la solicitud apunta a investigar el presunto pago de comisiones millonarias derivadas de estas operaciones. Las autoridades intentan esclarecer los costos reales de logística, la contratación de seguros y el rol de los intermediarios financieros, ante la sospecha de que se hayan cometido irregularidades o se haya generado un perjuicio económico para las arcas del Estado.
Este requerimiento marca una escalada significativa en el expediente, impulsado por las reiteradas denuncias por falta de transparencia en el manejo de los activos metálicos. En las próximas horas, el juzgado interviniente deberá definir si autoriza el ingreso de las fuerzas de seguridad al edificio del BCRA para incautar registros contables, contratos internacionales y comunicaciones internas que resulten determinantes para el avance de la causa.


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