El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dispuso la implementación de toques de queda y un fuerte endurecimiento de las medidas de seguridad para contener la ola de saqueos y protestas violentas que atraviesa el país. El estallido social se originó tras el asesinato de un joven de 17 años a manos de un policía durante un control de tránsito en la localidad de Nanterre, lo que desató una indignación masiva que rápidamente se extendió hacia otras grandes ciudades del territorio francés.

Frente a la escalada de violencia, el Gobierno movilizó a más de 40.000 efectivos policiales y gendarmes para intentar recuperar el control de las calles. Sumado a las restricciones de circulación nocturna focalizadas en los municipios más afectados, las autoridades ordenaron la interrupción total de los servicios de transporte público de superficie, como colectivos y tranvías, a partir de las 21 horas, con el objetivo de limitar la movilidad de los grupos que protagonizan los destrozos.

Los disturbios dejaron un saldo de miles de personas detenidas, cientos de agentes de las fuerzas de seguridad heridos y severos daños materiales en comercios, vehículos y edificios públicos. Ante la alta proporción de menores de edad involucrados en los actos de vandalismo, Macron apeló a la responsabilidad de los padres para que mantengan a los adolescentes en sus casas y exigió la colaboración de las principales redes sociales para eliminar contenidos que inciten a la violencia y evitar la coordinación de nuevos ataques.