La fiscalía expuso detalladamente la presunta maniobra de lavado de activos orquestada por la familia Kirchner a través de las firmas Hotesur y Los Sauces. Según la acusación, el esquema fue diseñado de manera sistemática para otorgarle apariencia legal a fondos millonarios obtenidos de forma ilícita mediante contratos con el Estado.

El mecanismo central, de acuerdo con los fiscales, se basó en la simulación de alquileres de habitaciones de hotel y propiedades inmobiliarias. Empresarios afines al gobierno, principalmente Lázaro Báez y Cristóbal López, contrataron de manera continua plazas hoteleras que nunca fueron ocupadas y complejos habitacionales. Esta operatoria garantizó un flujo constante y directo de dinero hacia el patrimonio de la ex familia presidencial.

Esta ingeniería financiera funcionaba como el eslabón final de un circuito de corrupción mucho más amplio, estrechamente vinculado a las irregularidades en la concesión de la obra pública. La fiscalía sostiene que los fondos estatales adjudicados a estos empresarios retornaban luego como ganancias privadas mediante estas estructuras societarias, asegurando así el éxito y el ocultamiento del blanqueo de capitales.

Los informes contables presentados en la causa revelan transacciones por cientos de millones de pesos sostenidas a lo largo de varios años. Para el Ministerio Público, el velo corporativo de Hotesur y Los Sauces operó como una simple fachada administrativa, una pieza clave y necesaria para consumar el desvío de fondos que hoy mantiene a los acusados frente a la Justicia federal.