El gobierno de Javier Milei decidió contratar a una empresa privada para auditar y controlar de manera estricta el avance de las obras en las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ubicadas en la provincia de Santa Cruz. La medida busca transparentar el estado real del megaproyecto, financiado por capitales chinos, que en los últimos meses atravesó paralizaciones y un complejo proceso de renegociación.

La iniciativa será instrumentada a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que abrirá un proceso para incorporar a una consultora técnica encargada de realizar una revisión exhaustiva, tanto física como financiera. El objetivo principal de esta auditoría es certificar los porcentajes exactos de avance en la construcción, a cargo del consorcio liderado por la firma Gezhouba, y garantizar que los fondos desembolsados se correspondan efectivamente con los trabajos ejecutados sobre el terreno.

El complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz representa la obra pública en ejecución más grande del país, con un presupuesto total estimado que supera los 4.700 millones de dólares. Ante el freno de las actividades y las dificultades para reactivar los frentes de trabajo, la administración nacional considera indispensable contar con un diagnóstico técnico, externo e independiente antes de autorizar nuevos pagos o redefinir el cronograma definitivo del proyecto.

Se espera que en las próximas semanas el Ejecutivo lance formalmente el proceso de licitación para seleccionar a la compañía supervisora. Este paso resulta clave para ordenar la relación con los financistas internacionales, destrabar los tramos pendientes del crédito y definir el futuro de una infraestructura diseñada para aportar 1.310 megavatios de potencia al sistema interconectado nacional.