Un nuevo avance en la causa unificada Hotesur-Los Sauces dejó al descubierto el engranaje financiero utilizado por la familia Kirchner para recibir fondos millonarios de empresarios beneficiados con contratos del Estado. La investigación, tramitada en los tribunales de Comodoro Py, detalla un esquema de lavado de dinero sostenido en la simulación de alquileres inmobiliarios y reservas hoteleras fantasma.

El mecanismo operaba mediante una triangulación de fondos entre las sociedades de la familia expresidencial y firmas pertenecientes a empresarios cercanos, principalmente Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la documentación analizada, el dinero proveniente de la obra pública y otras concesiones estatales regresaba al patrimonio de los Kirchner bajo la apariencia de acuerdos comerciales lícitos, garantizando así un flujo de retornos constantes.

Los registros contables revelan que la empresa Valle Mitre, gerenciada por Báez, abonó decenas de millones de pesos por el alquiler masivo de habitaciones en el hotel Alto Calafate que nunca fueron ocupadas. En una maniobra paralela, firmas vinculadas al Grupo Indalo de López pagaron cifras sobrefacturadas por el arrendamiento de departamentos en Puerto Madero y propiedades en la provincia de Santa Cruz, operaciones que carecían de lógica comercial real para los peritos.

Esta revelación consolida la hipótesis del Ministerio Público Fiscal sobre la existencia de una asociación ilícita orientada al blanqueo de capitales. De cara a las próximas instancias del proceso, la Justicia buscará probar de manera definitiva las responsabilidades penales de la expresidenta, sus hijos y los empresarios contratistas que inyectaron sistemáticamente el dinero en las arcas familiares.