El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). La medida, impulsada para aliviar la carga tributaria y proteger el capital de trabajo del sector productivo, se extenderá de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio de 2027.

La decisión fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial. Según la normativa, el beneficio alcanza de forma directa a todos aquellos contribuyentes del país que cuenten con su «Certificado MiPyME» vigente. A partir de esta disposición, el organismo recaudador mantendrá en pausa los embargos sobre cuentas bancarias y las ejecuciones por deudas impositivas, aduaneras o de la seguridad social.

Esta política tributaria tiene como objetivo principal evitar el ahogo financiero de miles de comercios e industrias, otorgando un horizonte de previsibilidad a mediano plazo. Al frenar las acciones judiciales, las empresas dispondrán de un respiro vital para reorganizar sus finanzas, sostener las fuentes de empleo y mantener su nivel de actividad operativa sin la presión inmediata de los litigios.

No obstante, la disposición mantiene las excepciones procesales habituales para salvaguardar los ingresos del Estado. De esta manera, la suspensión no aplicará en aquellos expedientes donde exista un riesgo inminente de prescripción de las acciones de cobro, ni en los casos donde se investiguen maniobras de evasión fiscal comprobadas.