El empresario santacruceño Lázaro Báez enfrenta una nueva investigación judicial tras ser acusado de coordinar una maniobra de lavado de activos por casi 400 millones de pesos. La gravedad y particularidad del caso radican en que el delito se habría cometido mientras cumplía su pena dentro del complejo penitenciario de Ezeiza, lo que sugiere una continuidad operativa de sus negocios clandestinos al margen de la ley.

La investigación señala que el esquema ilícito funcionaba a través de una compleja red de sociedades pantalla y testaferros. Estas personas físicas y jurídicas habrían actuado como intermediarios para blanquear el dinero mediante diversas inversiones, compras de bienes y movimientos bancarios, ejecutando las presuntas órdenes que Báez lograba emitir desde su lugar de detención.

Actualmente, la Justicia y los organismos de control financiero trabajan en el rastreo minucioso de la ruta de los fondos. El objetivo de las autoridades es identificar a todos los cómplices externos que facilitaron estas operaciones millonarias y esclarecer las presuntas fallas en los controles carcelarios que le permitieron al empresario operar estando privado de su libertad.