Permiten usar “dólares del colchón” para comprar inmuebles sin multas hasta US$100.000, con controles antilavado vigentes

Una reciente modificación en las normativas financieras y fiscales busca dinamizar el mercado inmobiliario al facilitar el uso de ahorros no declarados, conocidos popularmente como «dólares del colchón», para la compra de propiedades. La medida permite a los ahorristas regularizar su capital y destinarlo directamente a la adquisición de inmuebles, simplificando un proceso que hasta ahora presentaba múltiples trabas burocráticas y operativas.

Con la nueva reglamentación, quienes destinen hasta 100.000 dólares a la compra de viviendas o unidades comerciales quedarán exentos del pago de multas y penalidades. Para acceder a este beneficio, los fondos deben ser depositados previamente en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y transferidos al vendedor al momento de la escrituración. Este cambio normativo tiene como objetivo principal reducir la fricción en las transacciones, brindar seguridad jurídica a ambas partes y reactivar un sector clave para la economía.

A pesar de la flexibilización para ingresar este dinero al circuito formal, las autoridades confirmaron que los controles estrictos para prevenir el lavado de activos continuarán plenamente vigentes. Los escribanos públicos y los corredores inmobiliarios mantendrán su rol ineludible como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). En este sentido, deberán seguir verificando la identidad de los compradores, el perfil transaccional y la justificación de la operación, asegurando que la medida no facilite movimientos ilícitos.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá el monitoreo sobre aquellas adquisiciones que superen los límites establecidos por la exención. Quienes adquieran propiedades por un valor superior a la franquicia de 100.000 dólares deberán abonar las alícuotas correspondientes sobre el excedente, a menos que cumplan con los plazos de inmovilización del capital fijados por la ley. La normativa establece así un equilibrio entre el impulso a la compraventa de bienes raíces y el sostenimiento de la fiscalización estatal.

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