El Gobierno nacional avanza a contrarreloj para impulsar la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes del cierre del año legislativo, una jugada que busca redefinir el escenario de cara a los comicios presidenciales de 2027. La Casa Rosada intenta acelerar el tratamiento del proyecto en el Congreso, pero choca con un mapa de alianzas muy ajustado que obliga al oficialismo a recalcular su estrategia.
En el centro de las negociaciones, el Poder Ejecutivo enfrenta el clásico «dilema de la sábana corta». La urgencia por derogar las primarias se cruza directamente con el debate de otra ley fundamental: el Presupuesto 2027. Para reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados, el oficialismo depende del respaldo de los gobernadores y de los bloques de la oposición dialoguista, quienes condicionan su apoyo a cambio de mayores concesiones de fondos para sus provincias, lo que tensiona la meta de déficit cero.
El argumento central del Gobierno para suprimir las PASO se basa en el ahorro de miles de millones de pesos que demandaría el despliegue del operativo electoral, además de la intención de acortar y simplificar el calendario. Sin embargo, la propuesta genera fuertes divisiones y resistencias en espacios clave como el PRO y el radicalismo, partidos que históricamente han utilizado esta herramienta para ordenar sus propias internas y definir liderazgos.
Con el 30 de noviembre como fecha límite para el fin de las sesiones ordinarias, las mesas de diálogo en el Parlamento operan a un ritmo frenético. Los armadores políticos del oficialismo intentan destrabar el esquema de votos, conscientes de que cualquier movimiento para garantizar la reforma electoral podría desproteger el proyecto de presupuesto, dejando al Gobierno ante la difícil decisión de elegir qué batallas priorizar en la recta final del año.


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