El Gobierno nacional selló un acuerdo estratégico con los gobernadores aliados de cara al próximo calendario electoral: les garantizó el armado de listas unificadas a cambio de que aporten los votos en el Congreso para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La negociación se aceleró en las últimas horas con el objetivo de reconfigurar el escenario político antes del cierre del año legislativo.
El entendimiento se alcanzó luego de que el Ejecutivo decidiera dar marcha atrás y retirar la habilitación de las listas colectoras de la mesa de debate. Esta concesión fue la llave para destrabar el diálogo con los mandatarios provinciales, quienes rechazaban ese sistema por considerarlo una amenaza que fragmentaba el poder en sus distritos al permitir que múltiples candidatos se colgaran de una misma boleta principal.
Con la promesa de nóminas únicas y el control de sus territorios asegurado, las provincias se comprometen a respaldar la agenda oficial. La Casa Rosada necesita imperiosamente estos acuerdos para alcanzar la mayoría absoluta que exige la normativa electoral: 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, números que el oficialismo solo puede conseguir mediante el apoyo de los bloques que responden directamente a los líderes del interior.
De concretarse la sanción de esta iniciativa en el recinto, el impacto modificará drásticamente la dinámica de las próximas elecciones. La suspensión de las primarias obligatorias devolverá a los aparatos partidarios tradicionales y a los gobernadores el poder total sobre la definición de las candidaturas, eliminando la competencia interna abierta y consolidando las estructuras políticas consolidadas frente a la oposición.


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