La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una recusación formal contra los magistrados que recientemente avalaron la restitución de gran parte de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La central obrera busca invalidar la resolución que volvió a poner en vigencia los puntos más resistidos de la normativa, bajo el argumento de que los jueces actuaron con falta de imparcialidad.

El conflicto judicial tiene su origen en las profundas modificaciones propuestas por el Gobierno, que habían sido frenadas inicialmente gracias a las medidas cautelares impulsadas por el sector sindical. Sin embargo, este último fallo revirtió gran parte de dicha suspensión, dándole luz verde al Ejecutivo para avanzar con cambios estructurales, entre los que se destacan la extensión de los períodos de prueba, la modificación del sistema indemnizatorio y nuevas disposiciones sobre el financiamiento y las protestas gremiales.

A través de esta maniobra procesal, el equipo legal de la CGT intenta apartar a los camaristas involucrados para que un nuevo tribunal revise la decisión y frene nuevamente la aplicación de la ley. Mientras tanto, el oficialismo defiende la vigencia de la normativa como una herramienta indispensable para modernizar y flexibilizar el mercado laboral.

La resolución definitiva del conflicto queda ahora en manos de las instancias judiciales superiores. Los tribunales deberán definir en los próximos días si aceptan el planteo de la principal central obrera del país o si, por el contrario, ratifican a los jueces y permiten que el Gobierno continúe con la implementación de su agenda laboral.