El Gobierno argentino presentó una objeción formal para evitar que los fondos demandantes por la expropiación de YPF utilicen información confidencial del Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La medida, formalizada en las últimas horas, busca bloquear una nueva ofensiva judicial de los acreedores en su intento por cobrar la sentencia adversa que pesa sobre el país.

La disputa se centra en la estrategia de los beneficiarios del fallo, encabezados por el fondo Burford Capital, quienes pretenden incorporar documentos sensibles obtenidos durante el litigio en Nueva York hacia los tribunales de arbitraje del Banco Mundial. Según la presentación de los abogados que representan a la Argentina, permitir la divulgación de estos datos violaría de forma directa las órdenes de confidencialidad previamente establecidas por la Justicia estadounidense y vulneraría el derecho a la defensa de la Nación.

Este movimiento representa un nuevo capítulo en la compleja y extensa batalla legal derivada de la estatización de la petrolera en 2012, proceso por el cual el país fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares. Ahora, las autoridades judiciales deberán definir si hacen lugar al reclamo de los demandantes para levantar el secreto sobre esta documentación estratégica, un paso que los acreedores consideran clave para acelerar el rastreo y eventual embargo de activos argentinos en el exterior.