La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su participación activa en la Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre, convocada para exigir al Gobierno nacional la promulgación y plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La cúpula sindical tomó la decisión con el objetivo de respaldar a la comunidad educativa y visibilizar un fuerte rechazo en las calles frente al veto total anticipado por el presidente Javier Milei.

El acuerdo se selló tras un encuentro estratégico en la sede de la central obrera, donde los cotitulares de la CGT, como Héctor Daer y Pablo Moyano, se reunieron con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), representantes del Frente Sindical de Universidades y líderes estudiantiles. Durante la cumbre, los dirigentes garantizaron que el movimiento obrero movilizará todas sus columnas para defender la educación superior pública y gratuita.

El eje central del conflicto es la reciente normativa aprobada en el Congreso, que obliga al Estado a actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y a aplicar una recomposición salarial para el personal docente y no docente frente a la inflación. Según los datos oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de esta ley tendría un impacto fiscal de apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que el Poder Ejecutivo se niega a convalidar bajo el argumento de proteger el déficit cero.

La masiva movilización tendrá como escenario principal la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, con marchas simultáneas previstas en las principales ciudades de todas las provincias del país. Los organizadores apuestan a repetir o incluso superar la histórica convocatoria de abril, buscando ejercer presión directa no solo sobre la Casa Rosada, sino también sobre los legisladores que tendrán en sus manos la decisión de blindar la ley en caso de que se concrete la firma del veto presidencial.