El Gobierno nacional monitorea con extrema atención la reciente escalada del precio internacional del petróleo, que en las últimas jornadas experimentó una fuerte volatilidad al alza, con el objetivo principal de evitar que este salto se traslade de forma directa a los surtidores y recaliente el índice de inflación.

Para contener el impacto, funcionarios del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía abrieron una mesa de negociación con YPF y las principales operadoras petroleras del país. La estrategia oficial busca frenar incrementos que, según estimaciones preliminares del sector, podrían rondar entre un 5% y un 7% en el mercado local si se aplicara el ajuste de paridad pleno.

La preocupación central del Ejecutivo radica en el efecto cascada que el encarecimiento de la nafta y el gasoil tiene sobre la estructura de costos logísticos y, en consecuencia, sobre el valor de los alimentos en las góndolas. Blindar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta una prioridad para el equipo económico, que intenta no desviar la hoja de ruta de estabilización trazada para este semestre.

Durante los próximos días será clave la definición de un mecanismo de amortiguación para el mercado interno. Entre las alternativas que se barajan sobre la mesa, las autoridades evalúan aplicar nuevas postergaciones en la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) o acordar un sendero de microdevaluaciones controladas que permita mitigar el golpe al bolsillo de los consumidores frente al desafiante contexto global.