Tras la contundente paralización de las principales terminales del país, el Gobierno nacional resolvió suspender el decreto que impulsaba la desregulación de la actividad portuaria. La decisión oficial busca desactivar el conflicto con los gremios del sector, que mantenían frenado el comercio exterior, y abrir una instancia de negociación para normalizar las operaciones de forma definitiva.

La medida de fuerza, que se extendió por 48 horas y afectó gravemente a puertos estratégicos como los del Gran Rosario y Buenos Aires, impidió la carga de exportaciones agroindustriales clave. Según los reportes de las cámaras empresariales, el cese de actividades provocó pérdidas que superaron los 100 millones de dólares diarios y amenazaba con desencadenar un colapso logístico inminente en toda la cadena de suministro.

Con el compromiso de poner en pausa la normativa, cuya oficialización se espera para las próximas horas a través del Boletín Oficial, los trabajadores portuarios levantaron la huelga y comenzaron a restablecer las tareas habituales. En paralelo, las autoridades nacionales convocaron a representantes sindicales y empresarios a una mesa de diálogo prevista para la próxima semana, con el objetivo de consensuar un nuevo esquema regulatorio que evite futuros bloqueos y asegure el flujo continuo de mercaderías.