El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, inició una fuerte ofensiva diplomática para presionar a la Argentina a que abandone la Corte Penal Internacional (CPI). La solicitud se enmarca en la estrategia de Washington para deslegitimar al tribunal con sede en La Haya, tras las tensiones generadas por las investigaciones y las órdenes de arresto emitidas contra altos funcionarios de naciones aliadas, como Israel.

Las gestiones apuntan directamente a la administración de Javier Milei, buscando capitalizar el estrecho alineamiento en política exterior que el presidente argentino mantiene con la Casa Blanca. Los enviados estadounidenses plantearon que la continuidad del país sudamericano dentro del organismo internacional resulta incompatible con la alianza estratégica y la sintonía bilateral que ambos gobiernos buscan consolidar en esta nueva etapa.

Esta presión diplomática no se limita únicamente a Buenos Aires, sino que forma parte de un plan global estructurado por Estados Unidos para vaciar de apoyo político y capacidad de acción a la CPI, un tribunal integrado actualmente por 124 países. Para lograr este objetivo, Washington exige a sus socios internacionales más cercanos que rompan formalmente con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional firmado en 1998 que dio origen a la Corte.

Actualmente, la Casa Rosada se encuentra evaluando los costos geopolíticos e institucionales de acceder a esta exigencia. Una eventual salida del tribunal obligaría al gobierno argentino a dar un giro drástico e inédito en su histórica tradición diplomática respecto a los organismos multilaterales de justicia, poniendo a prueba el límite de su lealtad incondicional hacia la agenda internacional de Trump.