La disputa por la distribución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles volvió a generar un fuerte cortocircuito entre el Gobierno nacional y las provincias. El eje del conflicto radica en el reclamo de los mandatarios del interior por los recursos que, por normativa, deben destinarse de manera directa al mantenimiento y la construcción de rutas, cuyas transferencias registran actualmente importantes demoras y recortes.

Las administraciones provinciales advierten que la retención de estas partidas millonarias paraliza obras viales que son estratégicas para el desarrollo y la logística de las economías regionales. En este sentido, los gobernadores sostienen que, si bien el tributo se recauda de manera regular en los surtidores, los porcentajes correspondientes no regresan a los distritos, lo que deteriora la infraestructura local y compromete seriamente la seguridad vial de los usuarios.

Frente a la parálisis de los proyectos, los equipos económicos de distintas jurisdicciones comenzaron a delinear reclamos administrativos conjuntos para exigir la regularización inmediata de los giros adeudados. Mientras tanto, el Ejecutivo nacional mantiene firme su política de restricción fiscal y evita confirmar un cronograma de pagos, un escenario que profundiza la incertidumbre política y deja en suspenso el futuro de decenas de obras camineras en todo el país.