El gobierno de Tierra del Fuego denunció este martes el ingreso y amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, terminal que actualmente se encuentra bajo la intervención directa del Gobierno nacional. El episodio encendió las alarmas y generó un fuerte rechazo provincial, ya que las autoridades locales acusan a la administración central de habilitar operaciones que vulneran los reclamos históricos de soberanía.

El hecho ocurrió en las últimas 24 horas, cuando la embarcación logró ingresar a los muelles fueguinos. Según advirtió el Ejecutivo provincial, la maniobra fue autorizada de manera unilateral por los interventores federales, eludiendo los controles jurisdiccionales y pasando por alto la Ley Provincial 852, conocida como «Ley Gaucho Rivero». Esta normativa prohíbe explícitamente brindar servicios o apoyo logístico a naves británicas vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas.

Desde la provincia expresaron su profundo malestar ante lo que consideran un avasallamiento directo a la autonomía de Tierra del Fuego. En consecuencia, exigieron a las autoridades nacionales que remitan de inmediato los informes técnicos del operativo, detallando los motivos de la autorización, el volumen de la carga de hidrocarburos, la cantidad de tripulantes a bordo y el destino final del buque.

Hasta el momento, los funcionarios designados por Nación para administrar el puerto de Ushuaia mantienen total hermetismo y no han emitido declaraciones públicas para justificar la medida. Mientras escala la tensión política entre la gestión provincial y la Casa Rosada, Tierra del Fuego anticipó que evalúa avanzar con medidas legales y administrativas urgentes para frenar la operatividad de la nave y sancionar la infracción.