El Gobierno nacional oficializó este miércoles la extensión del plazo para llevar a cabo la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el cronograma original de la licitación y estableció nuevas fechas para concretar el traspaso de la empresa estatal al sector privado.

La medida responde a la necesidad de contar con mayor margen para completar las exhaustivas auditorías técnicas y financieras que demanda la operación. Dada la complejidad estructural de la compañía, que provee servicios esenciales de agua potable y saneamiento a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las autoridades decidieron recalibrar los tiempos para garantizar un proceso de adjudicación transparente y ordenado.

Con el nuevo esquema diagramado por el equipo económico, la apertura de sobres y la recepción de las ofertas formales se postergarán hacia los últimos meses de este año. En consecuencia, las etapas de evaluación técnica y la adjudicación definitiva proyectan concretarse durante el primer trimestre de 2027, lo que permitirá afianzar el marco jurídico y comercial necesario para atraer a los inversores interesados.

Desde la administración nacional subrayaron que esta prórroga no altera la decisión de fondo sobre el futuro de la empresa, sino que busca asegurar la viabilidad de la transición. Mientras tanto, se garantizó que la operatividad de AySA y la prestación del servicio continuarán con total normalidad hasta que los nuevos capitales privados asuman el control y el desarrollo de las obras de infraestructura pendientes.