La Cámara de Diputados otorgó la media sanción al proyecto de ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa central del oficialismo orientada a garantizar la independencia absoluta de la autoridad monetaria. Tras un intenso debate en el recinto, el texto fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.

El documento aprobado se estructura en torno a seis ejes fundamentales que redefinen el rol del organismo. El cambio más destacado es la prohibición categórica de la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional, una medida diseñada para cortar de raíz la asistencia directa al Gobierno y anclar las expectativas inflacionarias. Asimismo, se establece un mandato único para la entidad, priorizando de manera exclusiva la estabilidad de los precios por encima de otros objetivos macroeconómicos.

En el plano institucional, la reforma introduce modificaciones profundas en la composición de la cúpula del BCRA. Los mandatos de los directores pasarán a ser escalonados, con el objetivo de desvincularlos de los ciclos electorales presidenciales y dotar al directorio de una mayor autonomía política. En sintonía con esto, se endurecen los mecanismos para la remoción de las autoridades, un proceso que ahora exigirá la intervención y el aval del Poder Legislativo.

En materia financiera, el proyecto fija límites estrictos a la capacidad del Banco Central para adquirir títulos públicos, restringiendo drásticamente su rol como financista indirecto del Estado. Esta limitación busca sanear la hoja de balance de la institución y evitar la acumulación de deuda intra sector público.

Finalmente, la sexta clave de la iniciativa radica en un nuevo y exigente régimen de transparencia. De convertirse en ley, el presidente del BCRA estará obligado a presentarse semestralmente ante el Congreso de la Nación para rendir cuentas sobre la ejecución del programa monetario, la evolución de la inflación y el estado detallado de las reservas internacionales.

Con la media sanción ya asegurada, el foco se traslada ahora a la Cámara Alta, donde el Gobierno buscará en las próximas semanas los consensos necesarios para transformar el proyecto en ley y consolidar la nueva arquitectura financiera del país.