Un reciente acuerdo encendió las alertas en el ámbito político y sindical al revelarse que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pagó más de 100 millones de pesos por una obra a un empresario que fue compañero de colegio del diputado nacional Máximo Kirchner. La operación, financiada con los recursos de una de las organizaciones gremiales más grandes del país, generó rápidos cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios de contratación del sindicato.

El millonario desembolso fue destinado a la ejecución de trabajos de infraestructura para la entidad. Más allá de los detalles técnicos del proyecto, el centro de la controversia radica en el estrecho vínculo personal que une al contratista beneficiado con el líder de La Cámpora, una relación forjada durante sus años de estudiantes en la provincia de Santa Cruz que hoy despierta sospechas de favoritismo y discrecionalidad.

La adjudicación cobra mayor trascendencia debido al peso institucional de la UOM, actualmente bajo la conducción del secretario general Abel Furlán. En un contexto de fuerte escrutinio público sobre el manejo de las cajas sindicales y sus históricos nexos con figuras del poder político, el caso expone la falta de claridad en los procesos de licitación y reabre el debate sobre la rendición de cuentas en contrataciones de semejante envergadura económica.