El Gobierno nacional dio este lunes un nuevo paso decisivo en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante el cual busca recaudar alrededor de 500 millones de dólares. La medida se enmarca dentro del plan integral de reestructuración del Estado, orientado a transferir al sector privado la gestión de diversas empresas públicas.

Con esta operación, el oficialismo apunta no solo a un ingreso clave de divisas para fortalecer las arcas públicas, sino también a optimizar la prestación de los servicios de agua corriente y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la estrategia gubernamental, la llegada de nuevos inversores permitirá dotar de mayor eficiencia a la compañía y garantizar el financiamiento de las obras de infraestructura pendientes en la red.

En los próximos días, se espera que las autoridades oficialicen los pliegos de licitación y definan los plazos formales para la recepción de ofertas. El mercado sigue de cerca esta transición, que representa uno de los hitos más relevantes en el programa económico actual y capta la atención de capitales interesados en asumir el control operativo de una de las concesiones sanitarias más grandes de la región.