El Gobierno nacional cuestionó en duros términos la decisión de una jueza que dispuso la liberación de un delincuente de 14 años, asegurando que con este tipo de resoluciones «le hace un daño a los argentinos». La postura del Ejecutivo volvió a tensar la relación con un sector del Poder Judicial y reavivó la polémica sobre el tratamiento de los menores de edad en el sistema penal.

La controversia se desató tras conocerse el fallo que permitió al adolescente regresar a las calles poco después de haber sido detenido. Desde la administración central manifestaron su fuerte rechazo a la medida, argumentando que la liberación inmediata de los menores implicados en hechos de inseguridad fomenta la impunidad, deja desprotegidas a las víctimas y agrava la situación en las calles.

Este episodio vuelve a poner en el centro del debate público la intención oficial de reformar el actual Régimen Penal Juvenil. Mientras los funcionarios nacionales insisten en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad para que los adolescentes asuman consecuencias penales por sus actos delictivos, los magistrados continúan rigiéndose por una legislación vigente que impide aplicar medidas punitivas convencionales a quienes no alcanzan los 16 años.