El avance hacia el juicio oral en la megacausa Hotesur-Los Sauces expone una situación judicial cada vez más compleja para el diputado Máximo Kirchner. La Justicia centra ahora su atención en una serie de maniobras financieras y operaciones inmobiliarias que lo ubican como un engranaje clave en el presunto esquema de lavado de dinero, en el cual también están acusados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresarios contratistas del Estado.

Uno de los ejes principales de la acusación judicial gira en torno a la trazabilidad de los fondos y el manejo directo de los cheques. Los investigadores documentaron que Máximo Kirchner endosó y firmó de puño y letra múltiples documentos bancarios utilizados para canalizar el dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Estos pagos, que simulaban ser alquileres de habitaciones de hotel y arrendamientos de propiedades, terminaban inyectados directamente en las cuentas de la familia.

En paralelo, la situación procesal del legislador se agrava por el análisis de una red de transacciones inmobiliarias que están bajo la lupa judicial. La fiscalía investiga la adquisición, cesión y administración de diversos inmuebles, ubicados tanto en la provincia de Santa Cruz como en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero. Se sospecha que estas operaciones, que quedaron bajo el control absoluto de Máximo tras el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, funcionaron como la fachada principal para blanquear fondos de origen ilícito vinculados a la obra pública.

Las cifras volcadas en el expediente reflejan la magnitud de la maniobra, contabilizando transferencias que superan los cientos de millones de pesos en presuntos retornos encubiertos a través de las sociedades familiares. Mientras el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) ajusta los detalles para el inicio de las audiencias, el volumen de estas pruebas documentales debilita la defensa del diputado, al demostrar su participación operativa y ejecutiva en el día a día de las empresas investigadas.