En el marco del juicio por la causa de los Cuadernos, un grupo de empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló ante la Justicia la existencia de fuertes presiones internas durante los gobiernos del kirchnerismo. Las declaraciones, brindadas ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en Comodoro Py, detallaron cómo las autoridades del organismo manipulaban las inspecciones impositivas para encubrir a empresarios afines y hostigar a quienes no se alineaban con el poder de turno.

Durante las audiencias, los auditores e inspectores relataron bajo juramento que recibían directivas explícitas desde las altas esferas para frenar decenas de expedientes comprometedores. Según sus testimonios, cuando las fiscalizaciones sobre compañías vinculadas a la obra pública detectaban inconsistencias millonarias o el uso de facturación apócrifa, las investigaciones eran inmediatamente paralizadas, archivadas o reasignadas a otras áreas de manera irregular.

El modus operandi descrito por los agentes expuso que el organismo recaudador funcionaba como una herramienta de extorsión y protección. Mientras que las empresas amigas gozaban de un escudo fiscal institucional, aquellas firmas que no participaban del esquema de retornos sufrían inspecciones exhaustivas y desproporcionadas, diseñadas para asfixiarlas operativa y financieramente.

Estos testimonios representan un avance clave en el proceso judicial, ya que permiten reconstruir el andamiaje estatal que facilitó la corrupción. Para la fiscalía, las declaraciones de los trabajadores de la AFIP corroboran que la matriz de sobornos registrada por el chofer Oscar Centeno no operaba de forma aislada, sino que contaba con el encubrimiento sistemático y la complicidad directa de los organismos de control del Estado.